A pesar de contar con una ley desde 2008 que tipifica la estafa informática y una Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, el sistema de justicia argentino llega siempre tarde. Los defraudadores digitales ejecutan sus operaciones en milisegundos: una transferencia fraudulenta puede pasar por cuatro billeteras virtuales en menos de diez minutos antes de convertirse en efectivo.
El acceso legal al rastro digital de una transacción sospechosa requiere semanas de trámites. El fiscal debe librar un oficio, las entidades tienen plazos para responder y, si los fondos cruzaron fronteras, el proceso debe atravesar canales de cooperación judicial internacional. Para cuando se obtienen los registros, el estafador ya ha iniciado otra campaña y el rastro se ha enfriado.
Una encuesta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal publicada en enero de 2026 reveló que el 75% de los abogados porteños considera "lento" o "muy lento" el plazo de tramitación de las causas judicales, atribuyendo la demora a falta de eficiencia del personal y fallas organizativas en los juzgados. El ciberdelito, que requiere una velocidad técnica de respuesta que la mayoría de los juzgados no posee, enfrenta una situación aún más desfavorable.
El 43% de los argentinos fue víctima de fraude digital en 2025 y principios de 2026, una cifra que creció casi cinco veces en cuatro años. Existe un proyecto de ley para crear un registro nacional de cuentas utilizadas en estafas que permitiría bloqueos en tiempo real, como ocurre en Brasil, pero el proyecto permanece en comisión.
Las víctimas conocen que denunciar frecuentemente no sirve para recuperar nada. Sin embargo, cada denuncia aporta datos sobre la magnitud real del problema. Sin esos datos, expertos señalan que no hay política pública posible y el porcentaje de victimización continúa aumentando.