Estados Unidos anunció el martes sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, y el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien actualmente sustituye al fiscal de la corte. Las sanciones incluyen prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos en el país.
El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que estas personas se han involucrado directamente en intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción del tribunal. Rubio afirmó que "la administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato".
La CPI respondió rápidamente condenando las sanciones en un comunicado en el que señaló que estas medidas "socavan el Estado de derecho". El tribunal agregó que "cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo".
La Casa Blanca ha impuesto sanciones a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente por sus investigaciones sobre Israel. En 2024, el tribunal emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por la guerra en Gaza. Netanyahu aplaudió las sanciones en redes sociales.
En Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos presentaron una demanda en Nueva York impugnando las sanciones. Cuatro organizaciones, incluida Human Rights Watch, argumentaron que estas medidas deben anularse porque violan, entre otras cosas, el derecho a la libertad de expresión protegida por la Constitución estadounidense.
