Las sanciones impuestas contra Tomoko Akane y el fiscal Abdoulaye Seye se suman a las adoptadas previamente contra otros 11 magistrados del Tribunal Penal Internacional. Las medidas forman parte de una campaña más amplia de Washington contra la institución.
El gobierno estadounidense ha expresado su intención de debilitar el tribunal internacional, que se encarga de procesar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Las sanciones constituyen la táctica elegida para presionar a la institución.