La corrupción en la construcción de viviendas públicas y la falta de investigaciones penales tras el terremoto que sacudió a Venezuela en junio de 2026 podrían constituir una violación del derecho a la vida, según concluye un estudio del abogado y especialista en derechos humanos Juan Carlos Gutiérrez.
Gutiérrez sostiene que estas prácticas podrían trascender el ámbito administrativo e implicar un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.