Mes y medio después del doble terremoto, mientras persisten las necesidades de reparación en las edificaciones educativas, los gremios docentes venezolanos insisten en negociar un aumento del salario mínimo oficial antes del comienzo del nuevo período escolar 2026-2027. José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, planteó que la discusión salarial constituye un ejercicio de democratización que requiere transparencia estatal.
"El problema no es aritmético, el problema es político", señaló Afonso, quien exigió que el gobierno divulgue los ingresos que percibe el país antes de sentarse a negociar. El salario mínimo ha permanecido fijo en 130 bolívares durante cuatro años, equivalente actualmente a 0,17 centavos de dólar mensuales, cantidad insuficiente para un viaje en transporte público de Caracas. Los docentes de universidades públicas cobran por nómina menos de un dólar al mes, independientemente de su formación o dedicación.
Aunque los profesores reciben una bonificación adicional de 200 dólares mensuales a través del Sistema Patria, estos fondos no se cuentan para el cálculo de utilidades ni prestaciones sociales, ni establecen diferencias según la experiencia o credenciales del docente. Afonso insistió en que la publicación de los ingresos estatales por concepto de venta de petróleo, exportación de oro y recaudación fiscal es condición indispensable para las negociaciones.
El economista Manuel Sutherland argumentó que elevar el salario mínimo no solo es posible sino necesario, y propuso una reforma exprés a la Ley del Trabajo para retroactualizar las prestaciones sociales. Sutherland advirtió que aceptar aumentos mínimos de uno a diez dólares mensuales mantendría el esquema de bonificaciones que deteriora el reconocimiento del trabajo profesional. Un acuerdo antes del ciclo escolar también impulsaría el poder adquisitivo en la temporada navideña, según analistas.
