Kuwait aprobó en 2025 reformas a su ley de nacionalidad que facilitaron la revocación de ciudadanía, iniciando una campaña de revisión de la adquisición de nacionalidad. El Comité Supremo para Verificar la Nacionalidad Kuwaití despojó de ciudadanía a más de 42 mil personas desde 2024, según informes, una escalada sin precedentes en el país.
La campaña está dirigida contra ciudadanos naturalizados, personas con doble nacionalidad y quienes supuestamente adquirieron la nacionalidad de manera fraudulenta. Muchos de los afectados son mujeres que obtuvieron la ciudadanía por matrimonio bajo el artículo 8 de la ley, que ha sido derogado. Las revocaciones se realizaron sin supervisión judicial ni vías de apelación, según reportes.
Los privados de nacionalidad enfrentan apatridia y carecen de acceso a servicios esenciales como atención médica, educación y empleo. Se les han confiscado documentos de identidad y pasaportes, restringiendo su libertad de movimiento. La población bidún de Kuwait vive en apatridia desde la fundación del país, enfrentando marginación económica y social.
Baréin también ha revocado nacionalidad a miles de personas. Entre 2012 y 2020, más de mil fueron despojadas de ciudadanía, con máximos en 2018 y 2019 cuando alrededor de 300 fueron sometidas a juicios masivos por cargos de terrorismo. En mayo de 2018, 115 personas perdieron nacionalidad en un solo caso. Niku Jafarnia, investigadora de Human Rights Watch, declaró que Baréin utiliza la revocación de nacionalidad como un arma contra la disidencia política.
En abril de 2019, el rey Hamad bin Isa Al Jalifa emitió un indulto real que restituyó nacionalidad a 551 personas tras presión de organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, Jawad Fairooz, director de SALAM por la Democracia y los Derechos Humanos, señaló que la decisión fue solo parcial, dejando unos 435 casos sin resolver por consideraciones políticas y de seguridad.
En 2024, Baréin anunció la creación de un comité para revisar adquisición de nacionalidad desde 2010, tras investigaciones que revelaron que algunas personas obtuvieron ciudadanía ilegalmente o mediante documentos falsificados. Jafarnia añadió que despojar a una persona de nacionalidad constituye una violación del derecho internacional y que el Gobierno debe adoptar procedimientos legales claros y transparentes.
