La región metropolitana de Barcelona enfrenta una grave escasez de nuevas promociones de vivienda de protección oficial (VPO) en la mayoría de sus municipios. Entre 2020 y 2025, solo el 46% de los 131 municipios del área registraron calificaciones provisionales de VPO, lo que significa que menos de la mitad iniciaron trámites para desarrollar este tipo de proyectos.
El porcentaje es aún menor en 2025, según datos de la Associació de Promotors de Catalunya (Apce), con solo cerca de una de cada cuatro localidades registrando calificaciones de vivienda protegida. La construcción de VPO está altamente concentrada en pocas poblaciones, lo que resulta en que el 89% de las localidades de Barcelona apenas alcanzaron una vivienda de protección oficial por cada 1.000 habitantes el año pasado.
Esta situación contrasta con la elevada demanda de VPO en la región, donde se registraron 104.004 solicitudes en el registro de la Generalitat. El número de viviendas protegidas provisionales no supera las 3.000 unidades, lo que genera una proporción de 35 solicitudes por vivienda iniciada.
Xavier Vilajoana, presidente de la Apce, afirmó que "el diagnóstico es claro: la demanda de vivienda protegida es muy superior a la nueva oferta" e identificó el problema como cuestión de "regulación" y de "capacidad real de construcción". Vilajoana agregó que "la vivienda asequible necesita suelo, licencias, financiación, seguridad jurídica y viabilidad económica".
El déficit de VPO se extiende a la producción general del mercado. El plan territorial sectorial de la vivienda estima que la región metropolitana necesita aproximadamente 15.500 viviendas nuevas anuales para cubrir la creación de hogares, equivalente a tres viviendas por cada 1.000 habitantes. En 2025, la región apenas alcanzó un ratio de 1,7 unidades visadas por cada 1.000 personas.
