Aproximadamente 6.000 miembros de la comunidad makonde se convirtieron en ciudadanos kenianos en 2016 después de décadas en un limbo legal. La comunidad bantú migró desde Mozambique a Kenia comenzando en 1948, incluyendo exiliados políticos, refugiados de conflictos civiles y trabajadores reclutados durante la época colonial para labores agrícolas en provincias costeras.
Sin identidad legal reconocida, los miembros de comunidades apátridas carecen de acceso a educación formal, servicios de salud y derechos estatales básicos, además de enfrentar explotación institucional severa. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, había 4,4 millones de apátridas en el mundo a finales de 2024, muchos completamente indocumentados y excluidos administrativamente.
La Constitución de Mozambique establece en su artículo 24 el principio de «jus soli», otorgando ciudadanía a toda persona nacida en territorio nacional tras la independencia. Expertos sostienen que una aplicación decidida de este marco territorial constituiría la salvaguarda legal más efectiva para eliminar la apatridia generacional y garantizar protección estatal inmediata a menores nacidos dentro del territorio.
El conflicto armado en Cabo Delgado, provincia norteña de Mozambique, ha causado pérdida masiva de documentos de identidad, generando riesgo significativo de apatridia de facto entre desplazados internos. Cuando padres huyen sin documentación, sus hijos no pueden heredar nacionalidad por línea de sangre, perpetuando ciclos de invisibilidad legal.
Algunos sostienen que expandir el «jus soli» podría comprometer la soberanía nacional o diluir la identidad cultural, argumentando que el «jus sanguinis» —nacionalidad basada en linaje parental— protege vínculos generacionales genuinos. Sin embargo, expertos afirman que restricciones rígidas basadas en líneas sanguíneas no detienen la migración, sino que mantiene generaciones de residentes en márgenes legales permanentes, fragmentando la cohesión social.