Una nueva ley rusa permitirá aplicar amplias restricciones económicas, administrativas y civiles a ciudadanos que viven fuera del país, incluidos críticos del Gobierno y voces contrarias a la guerra, advirtió Mariana Katzarova, relatora especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos en la Federación de Rusia. La experta señaló que la legislación representa una nueva herramienta de presión contra los rusos en el exilio y profundiza la represión tanto dentro como fuera del país.
La legislación fue firmada el 4 de agosto por el presidente Vladimir Putin y establece "medidas restrictivas temporales" para personas fuera de Rusia que, según las autoridades, eludan el cumplimiento de sanciones. El Ministerio de Justicia mantendrá una lista pública de rusos en el extranjero con condenas penales pendientes o sancionados por infracciones administrativas. Las personas incluidas podrán quedar sometidas a 14 categorías de restricciones que abarcan numerosos aspectos de la vida cotidiana.
Entre las medidas figuran la congelación de fondos y propiedades, la suspensión de licencias, la anulación de firmas electrónicas y la pérdida de acceso a servicios digitales del Estado. También se incluyen restricciones en servicios consulares como la expedición y renovación de pasaportes, así como limitaciones para conducir vehículos, realizar operaciones inmobiliarias, obtener créditos, trabajar por cuenta propia y acceder a servicios bancarios remotos.
Katzarova advirtió que la aplicación no se limita a condenas penales sino que también puede activarse por infracciones administrativas políticamente motivadas, incluidas las relacionadas con normas sobre "agentes extranjeros", "organizaciones indeseables" y disposiciones contra la "desacreditación de las fuerzas armadas". Según la experta, los tribunales rusos han utilizado estas disposiciones desde 2022 para castigar a periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, artistas y activistas contra la guerra.
La relatora expresó especial preocupación por la falta de garantías en el procedimiento: ningún tribunal decide quién es incluido en la lista, la persona afectada no es notificada ni escuchada, y pese a que las restricciones son calificadas como "temporales", la legislación no establece un límite de tiempo. Katzarova sostuvo que en la práctica la ley supone un castigo masivo contra críticos del Gobierno diseñado para hacer insostenible su vida fuera de Rusia, dejándolos en una situación de apatridia de facto.